El pequeño comercio español estima que la reducción de la jornada laboral costará al sector hasta 3.866 millones de euros, según ha señalado el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Rafael Torres, para quien esta medida va a afectar directamente a la competitividad del sector. El secretario general de FECE, Alfredo Gosálvez, apoya esta denuncia y añade que esta medida puede agravar aún más la desaparición de comercios y reducir la plantilla de muchos de ellos como forma de subsistencia.
Torres ha mostrado su preocupación por los efectos que la reducción horaria pueden tener sobre un sector tan estratégico para la economía como es el comercio minorista, formado por 393.287 empresas que representan el 12,3% del total del tejido empresarial a nivel nacional, dan empleo a 1.911.329 personas por cuenta propia y ajena (10% del total) y generan el 4,9% del PIB nacional. En contra de lo que desde el Gobierno central se afirma, “el comercio minorista no va como un cohete, pero sí tiene en cambio uno apuntando a su línea de flotación y es la reducción de la jornada laboral”.
En España hay 1.431.974 trabajadores por cuenta ajena en el comercio minorista que verán reducida su jornada laboral en 2,5 horas semanales una vez aprobada la reforma del Gobierno central. Eso supondrá, en conjunto, una reducción de 44,7 millones de horas al año. Estas cifras se refieren a los trabajadores por cuenta ajena y no tienen en cuenta a los 480.000 comerciantes autónomos para los que esta medida tendría otro efecto colateral sobre la conciliación del tiempo de trabajo y personal si desean mantener su capacidad competitiva, dadas las dificultades de contratación de personal cualificado para complementar esas horas. Por otro lado, y en caso de contar con esa capacidad de contratación, supondría un sobrecoste que resultaría inasumible para muchos autónomos y pymes del sector.
“Estimamos que el coste laboral total anual para las empresas de comercio minorista española será de 3.866 millones de euros, como consecuencia de la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones donde no es posible compensarlas”, ha señalado el presidente de CEC.
Este coste, que toma como referencia el coste laboral por hora de la última encuesta elaborada por el INE, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, se calcula partiendo del supuesto, totalmente alejado de la realidad, de que las empresas pudieran contratar trabajadores formados para cubrir las horas reducidas, y de que estas empresas poseen el tamaño suficiente para adaptar y gestionar con flexibilidad sus turnos, lo que es muy difícil en el pequeño comercio, dada la estructura de la gran mayoría de las empresas de comercio.
Para Torres, hay que tener en cuenta que este es uno de los sectores donde la presencia física de personas en el punto de venta es más necesaria para ofrecer una adecuada atención al cliente que se traduzca en ventas, “afectando por tanto de manera directa a la competitividad y productividad del sector, ampliamente dañada ya debido a los muy escasos márgenes con los que trabaja”.
Es crucial conocer que el 46% de las empresas de comercio son unipersonales (autónomos sin asalariados), y casi el 83% tienen hasta dos trabajadores, siendo más del 95% las que tienen hasta cinco trabajadores.
“Este es el tejido comercial que existe en nuestro país, y que correrá un alto riesgo de desaparición si se le aplican unas medidas que solo podrían cumplir su fin en otros sectores y tamaños de empresa, pero jamás en un debilitado comercio de proximidad que da empleo de calidad, vertebra nuestros pueblos y ciudades y es el más sostenible de todos los formatos comerciales”, ha subrayado Torres.
Especialmente gravosa resultará esta medida para el cerca de medio millón de trabajadores por cuenta propia, que tras la última reforma de la Seguridad Social referida al régimen de autónomos ha visto encarecidos sus costes, lo que agrava todavía más el problema si ahora se aplica la reducción de jornada.
Por tanto, un enfoque realista apunta a que los pequeños comercios, sin capacidad o posibilidad de garantizar la rotación de sus plantillas, “se verán obligados a cerrar 120 horas al año o lo que es lo mismo, 120 horas menos abiertos y por tanto menos venta y más pérdida de competitividad, frente a formatos comerciales más grandes y en especial frente a las grandes plataformas de venta online, a las que no afectaría esta normativa y que sí pueden generar eficiencias por el tamaño de sus plantillas”.
Torres ha subrayado también que en 2023 el incremento medio de los costes laborales totales de los comercios minoristas españoles ya fue del 5,9%, por encima de la media del conjunto de la economía.
“Sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales, el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo”, ha añadido.
Tenemos el ejemplo de las experiencias llevadas a cabo en Francia y Alemania donde un descenso de 40 a 35 horas semanales ha supuesto una mayor rotación laboral sin generar a cambio un aumento significativo del empleo.
Esta medida afectará de una manera incluso más grave a las zonas rurales y en la España vaciada, con el consiguiente riesgo de cierres de comercios y perdida aún mayor de un tejido comercial vital para la subsistencia de estas áreas. Bien al contrario, en vez de mayores cargas, estas zonas deberían contar con exenciones impositivas y ayudas directas para la implantación de comercios que favoreciera un imprescindible fortalecimiento de su tejido comercial.
Propuestas ante la reforma de la jornada máxima legal
Ante este escenario, CEC propone:
• Políticas para reducir los costes no salariales, como las cotizaciones sociales, e incentivar la cooperación entre empresas y trabajadores, que contribuirá a acentuar los efectos positivos de la reforma, mitigar los negativos y mejorar la posición competitiva de la economía española.
• Mayor flexibilidad de la jornada laboral base en su cómputo anual, frente al módulo semanal, permitiendo modificar hasta un 10% de la jornada anual con 5 días de antelación y la regulación del contrato a tiempo parcial con horas complementarias, como ocurre en los muchos de los convenios sectoriales negociados en España a través de organizaciones miembro de la Confederación Española de Comercio.
• Planes de formación continua para promover mejoras en capital humano, que ayuden a mejorar la competitividad e incrementar el valor añadido de los servicios prestados.
• Fomento de la transformación e inmersión digital del comercio minorista, especialmente el comercio de proximidad, así como la mejora de la gestión y los procesos de venta.
• Impulsar iniciativas para la atracción del talento, en colaboración con los centros de formación de grado medio y superior y la Universidad, para incorporar tanto a personal formado como a emprendedores al sector.
"Es esencial evaluar detalladamente los efectos potenciales de la reducción de la jornada antes de su aprobación, con la participación de los interlocutores sociales en su diseño y ejecución", concluyó Torres.
